El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el decreto del 3+2, fórmula que permite a las universidades ofertar carreras de tres años y ampliar el posgrado a dos. Inevitablemente, el decreto devaluará los títulos de grado e imposibilitará que los jóvenes con precariedad económica completen el ciclo. El ministro Wert defiende este modelo diciendo que “es una forma de ahorrar dinero para las familias” porque “se reduce un año la carrera” y “es un año menos que tienen de pagar tasas, más lo que supone estudiar ese año, es decir, transporte, manutención, vivienda…”. Crecidos en la impunidad de sus falacias, nos cuadran hasta los círculos.

Casualidad o no, hace un par de días, la prensa española al unísono entregaba la portada de sus diarios a la publicidad que el Banco de Santander hacía de 5.000 becas para estudiantes universitarios. Las campañas de publicidad, los lavados de cara, adquieren múltiples formas y nada impide que 5.000 becas puedan ser una de ellas. Como demostración de fuerza que era, el mundo de la banca quiso recordarnos quién manda en este país y qué único hilo da los toques al vaporoso criterio de la libertad de prensa. Pero hay algo más. En un quiosco y de un vistazo, la banca nos advirtió de que hay un bocado suculento en el terreno de la educación al que no dejará de prestarle sus dientes.

El derecho a la igualdad de acceso a la educación, de esencia verdaderamente democrática, va girando peligrosamente hacia una suerte de catálogo para triunfadores, colmado de oportunidades engañosas que esconden su verdadera realidad: Quien hojea ese catálogo es un joven excluido o endeudado.

El derecho a la educación debe estar regido por condiciones de acceso igualitario. La elitización del conocimiento, basada en la desigualdad, nunca es el origen de una sociedad desarrollada. Trampas, deudas y resignación, gigantes a los que desde la esclavitud habrá que darles las gracias: los queremos fuera.