Contrariamente a lo que habitualmente se dice para justificar la necesidad de un pacto educativo, en el Estado español, a pesar de los diferentes cambios legislativos en esta materia no ha habido una transformación profunda de nuestro sistema educativo que diera una respuesta democrática real que fomente la participación de toda la comunidad educativa y que proponga nuevas formas de aprender. Desde las últimas décadas, lo que se ha venido haciendo es el desarrollo de políticas educativas neoliberales siguiendo las directrices que emanan de organismos supranacionales que no han sido elegidos democráticamente. Desde los sectores disidentes con el proceso de mercantilización de los espacios educativos, se suele criticar la cada vez más estrecha relación entre las universidades y las empresas, la reducción sistemática de inversión pública en educación o el desigual acceso a la educación (precio de los libros escolares, tasas universitarias, asistencia obligatoria, horarios desorbitados etc.) Pero mercantilizar la educación no es solo esto, si no también enfocar el conocimiento que se enseña en las aulas a una realidad social y económica muy concreta. De esta forma, la educación que vivimos está basada en la competitividad, la eficiencia de resultados, el rechazo a la creatividad y el pensamiento crítico, el trabajo individualista y, en definitiva, la supresión de prácticas colaborativas y cooperativas. Sigue leyendo
Archivo del Autor: Juventud Sin Futuro
Faltan 45.000 estudiantes que no pudieron pagar las tasas ¿Qué hacemos?
El nuevo curso académico ha empezado ya en todas las universidades públicas españolas, pero ya nada volverá a ser lo mismo. En agosto nos enteramos de que entre 2012 y 2014 la universidad había perdido 45.000 alumnos. Nadie se acordaba de ellos, no aparecieron en los discursos de los decanos, el ministro no compareció, y sus sitios en las aulas donde antes asistían a las lecciones fueron olvidados y ocupados por otros estudiantes.
Desde que en 2011 empezaran a subir las tasas universitarias, todos los que estudiamos en la universidad pública hemos conocido a compañeros que no han podido hacer frente al pago de la matrícula porque les denegaban la beca del ministerio, o porque simplemente su economía familiar ha obligado a tener que decidir entre la enseñanza universitaria o seguir pagando la hipoteca. Todos los estudiantes lo saben.
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Pongamos que hablamos de Madrid


