Pública y concertada se encuentran para hablar de sus diferencias

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Publicado en eldiariodelaeducacion.com

¿Qué es el derecho a la educación? ¿Cómo le afecta la libertad de elección? ¿Qué significa la doble o triple red de centros educativos española? Estas son algunas de las cuestiones que quisieron responderse ayer en la tercera sesión de los Diálogos por la educación organizados por la Plataforma La educación que nos une y que apoya este periódico.

Prometía ser un debate complicado, y a ratos lo fue, dada la situación de enfrentamiento que en algunas comunidades se ha generado en las legislaturas anteriores, y en cierto modo continúa hoy: cesión de suelo público para la construcción de centros privados, cierre de centros públicos, apertura de concertados antes que públicos en algunas zonas, recortes presupuestarios y un largo etcétera.

En la mesa, Julio Rogero, histórico de los Movimientos de Renovación Pedagógica:; Víctor Rodríguez, responsable de educación dentro de FUHEM, y José Antonio Poveda, secretario general de Escuelas Católicas en Madrid.

El derecho a la educación y su materialización y la libertad de elección fueron los temas fundamentales. Y también, los elementos irreconciliables en muchos momentos, aunque con algunos puntos de encuentro también.

A pesar de que hay concepciones similares sobre la necesidad de una educación que no diferencie, que sea para todas las personas, que se preocupe de valores y no solo de una visión propedéutica para el mundo laboral, existen enormes diferencias a la hora de acercarse al derecho a la educación.

Si para José Antonio Poveda se trata de un derecho ligado ineludiblemente a la libertad de elección del centro educativo en relación a los intereses de las familias, para Rogero está íntimamente unido a la obligación del Estado de garantizar que la educación llege a todas las niñas y niños (sujetos en definitva del derecho) y esto, para él, pasa por una escuela pública.

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Unas posturas que tampoco se acercan mucho en la tercera vía, la de Víctor Rodríguez, quien defendió que, efectivamente, el Estado es el garante pero no necesariamente quien dé el servicio. Defendió el papel de entidades como la suya y otras de la economía social, como parte de la escuela pública, pero de gestión privada. Eso sí, con condiciones: que se dé el derecho a no ser excluido; a una educación de calidad y aterrizada en el territorio en el que se vive; a la participación en la gestión del centro, al menos en lo relativo al modelo educativo y, el derecho a que la educación sea emancipadora.

Mientras Rogero habló de la necesidad de que el modelo de escuela tienda a la pública, que da respuesta a todas las personas, con visión holística, con procesos inclusivos, con participación, con respeo a a diversidad, científica y respetuosa con las creencias de quienes la integra, laica y de todos, Poveda defendió la diversidad de tipologías de centros como un valor positivo que puede, además, contribuir a la mejora de la educación a través del intercambio de experiencias, por ejemplo.

Rodríguez defendió el hecho de que hay una variedad de personas que trabajan para conseguir los mismo resultados, con visiones similares o iguales de la educación, independientemente de la gestión.

Financiación

Aunque no fue uno de los temas de los que se habló, fue sin duda uno de los protagonistas. Parece el punto más importante de desacuerdo: dónde se debe invertir, quién ha sufrido más los recortes de la crisis, quién debe asumir según qué costes y cómo esta asunción provoca a su vez la segregación del alumnado.

Mientras Rodríguez intentó ser conciliador y hablar de que el problema real de la pública no está en la financiación de la concertada, si no en el recorte de los 9.000 millones de euros de los últimos años, reclamó una necesaria subida de los conciertos puesto que, dijo, no alcanzan para pagar más del 60% de los gastos relativos a mantenimiento de los centros, gastos corrientes, etc. Por no hablar de gastos financieros y otros.

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Poveda ahondó en esta idea de la infrafinanciación y en cómo esta provoca la necesidad de pedir aportaciones voluntaria o la oferta de servicios previo pago, como comedores o actividades extraescolares para la supervivencia de los centros.

Al mismo tiempo entienden que la financiación es parte de la clave en la consecución del derecho a la educación, desde el punto de vista de Escuelas Concertadas, el de un derecho ligada a la libertad de elección. Si no financiación adecuada, obliga al cobro de ciertas cantidades, lo que puede hacer que ciertas familias, a pesar de sus intereses, no matriculen a sus hijos en centros concertados por no poder hacer frente a algunos de los pagos.

A pesar de los intentos de no entrar en la consabida guerra de cifras, estas aparecieron desde el primer momento. José Antonio Poveda insistía en la infrafinanciación de la concertada (también lo haría Rodríguez), o en la capacidad de los centros católicos de escolarizar alumnado con necesidades educativas especiales, admitir que la población de origen extranjero esté infrarepresentada en sus centros o criticar con dureza las políticas que han permitido la aparición de actores desvinculados a la enseñanza en el sector concertado, lo que se conoce como “nueva concertada”.

Entre los pocos puntos de acuerdo, el efecto que el recorte de 9.000 millones de euros de los últimos años ha tenido en la educación, tanto en la pública como en la concertada. Víctor Rodríguez insistió en esta cuestión y habló de lo que FUHEM y otras entidades cooperativas, de la concertada laica defienden desde hace algún tiempo y es que la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación es del Estado, pero que prestar el servicio educativo no tiene por qué ser monopolio estatal, sino que la gestión puede llevarse a cabo por entidades privadas como la suya.

Con esto FUHEM se reivindica como escuela pública. Discurso al que también se unen desde Escuelas Católicas para defender lo que entienden que es el mandato constitucional de la libertad de elección que asiste a las familias.

Este es uno de los puntos donde la fricción no disminuye y es hasta dónde ha de llegar la libertad de elección y quién, en definitiva lo ejerce, si familias o centros. Mientras Rogero entiende que es un elemento segregador utilizado por centros o administraciones que favorecen a la concertada, para Rodríguez ha de ser un derecho subsidiario del derecho a la educación. Para Poveda es irrenunciable y está unido al de educación.

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La mesa redonda, que tuvo momentos tensos alrededor de temas como la financiación, el cierre de centros públicos o agravios en cuanto a escolarización de personas con necesidades, sirvió, como dijo al cierre Julio Rogero, para “escucharnos” y así “conocernos”. “Son buenos estos espacios para que digamos lo que proponemos con respeto a lo que otros piensan. No significa que renuncie a lo que propongo”.

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